Cada vez es más frecuente que acudan al despacho como clientes personas citadas a declarar ante el Juzgado por denuncias sin sustento probatorio ni fundamento alguno, siempre referentes a supuestos delitos contra la libertad e indemnidad sexual, violencia doméstica, acoso o difamación por redes sociales.

El cliente se muestra abrumado, pues, además de la inquietud y desasosiego que ello le provoca, defenderse le supone un coste de tiempo – muchas veces una mañana en el Juzgado - y dinero y se pregunta cómo reaccionar ante ello.

Aunque el art. 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye al Juez instructor la potestad de examinar si los hechos denunciados que tramita su Juzgado tienen carácter delictivo y si están al menos indiciariamente justificados, lo cierto es que lo habitual es citar a una primera declaración judicial a la persona denunciada.

Posteriormente el Juez, de oficio o a petición de las partes personadas, dictará un Auto de archivo si considera que el asunto no debe enjuiciarse, pero el daño económico y moral ya está causado.

Cuando el cliente pregunta cómo defenderse de tales daños a su honor, estabilidad emocional y economía, no cabe sino aconsejarle que reaccionar procesalmente por tales conductas, salvo que su gravedad sea notoria y manifiesta la mala fe, solo le va a llevar a nuevos costes de tiempo y dinero, y que solo en el caso de repetirse la situación, proceda a interponer acciones penales por denuncia falsa, calumnia o injurias – la despenalización de las “faltas” contra el honor no ha ayudado a dicha defensa – o alternativamente inicie acciones civiles de protección al honor.

Alejandro Toribio Abogado

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