Ante una situación objetiva de riesgo en el ámbito familiar para una persona se articula un sistema especial a través de la una resolución judicial que se denomina orden de protección.

Con la orden se pretende otorgar una protección urgente a las víctimas (directas o indirectas, como los hijos dependientes) durante la tramitación de un proceso penal, por delito grave o leve, mediante la adopción de medidas cautelares de naturaleza penal que impidan la realización de nuevos actos violentos y la adopción de medidas civiles (atribución de uso de vivienda, guarda y custodia de los hijos; contribución económica a las cargas familiares)en el caso de que los actos violentos que son investigados puedan suponer una ruptura de la unidad familiar.

La orden de protección se aplica exclusivamente en el ámbito de la violencia doméstica y de género, y solo para la investigación de los delitos contra la vida;- contra la integridad corporal o moral; y contra libertad sexual y libertad o seguridad.

Para adoptar una orden de protección se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) La existencia de INDICIOS RACIONALES racionales de haberse cometido un delito de los mencionados.

b) La apreciación de un RIESGO OBJETIVO PARA LA SEGURIDAD DE LA PERSONA AFECTADA.

¿Cómo se determina si existe o no una situación de riesgo?

Se ha de valorar en cada caso una serie de factores entre los cuales, y por citar algunos, se encuentran los siguientes:

Antecedentes penales.

Reiteración en la violencia.

Enfermedades tales como el alcoholismo, trastornos mentales graves.

Consumo de drogas.

Actos anteriores de violencia física o psíquica.

La orden de protección se condiciona, por consiguiente, a la apreciación indiciaria de una situación objetiva de riesgo, no siendo suficiente a estos fines una situación de crisis en la pareja o un episodio aislado de violencia imputable a ambos cónyuges o parejas de hecho, debiendo por ello analizarse cada caso en concreto.

Autorización de residencia para los inmigrantes

En casos de reagrupación familiar de inmigrantes, las víctimas de violencia de género, una vez obtenida una orden judicial de protección, pueden acceder a una autorización de residencia de carácter independiente, y en el caso de personas en situación irregular, la violencia doméstica es uno de los supuestos de autorización de residencia por razones humanitarias (RD 2393/2004).