El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una compañía telefónica a abonar 5.000 euros a un cliente cuyos datos personales permanecieron en un fichero de morosos durante cinco años. En ese periodo, afirma la sentencia que los datos fueron consultados en multitud de ocasiones por parte de compañías de teléfonos, entidades financieras y compañías de seguros.
Según el magistrado, "no hay constancia fehaciente de que el requerimiento previo de pago fuera recibido por el demandado" y "tampoco está claro que la cantidad reclamada fuera incontrovertida".
Ambas circunstancias han sido decisivas para estimar la demanda, ya que la legislación sobre protección de datos exige una "deuda cierta, vencida y exigible" y un requerimiento previo de pago con advertencia de que de no producirse el pago los datos podrán ser comunicados.
(Diario La Ley)
