El Tribunal Supremo, en jurisprudencia ya consolidada, da plena legalidad a dichas grabaciones, siempre que el que las grabe sea interlocutor de las mismas, sin que ello suponga vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.

Si, en cambio, pretendemos aportar como prueba grabaciones realizadas sin su conocimiento a terceras personas, la prueba sería nula, salvo autorización judicial. No obstante, el Tribunal Constitucional ha desarrollado una doctrina – a muy juicio confusa y poco garante de la seguridad jurídica – que permite a los tribunales aceptar esa prueba en caso de que el derecho al secreto de las comunicaciones entre en conflicto con otros derechos de interés general muy relevantes.

Alejandro Toribio Abogado

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